En estos momentos, hay cerca de 160 ensayos clínicos que buscan lo que el mundo necesita más que nunca: una vacuna que prevenga la infección por el nuevo coronavirus.
De estas pruebas médicas de una vacuna contra COVID-19, tres se encuentran en la etapa conocida como fase 3, que es cuando la vacuna se prueba en una cantidad grande de personas, para ver qué inmunidad ofrece, y si es segura y no produce efectos secundarios de cuidado.
La ciencia avanza y los expertos, como el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, aseguran que habrá una vacuna disponible seguramente en los próximos 12 meses.
Ante lo que será una de las grandes noticias del siglo, surgen dos preguntas: ¿habrá dosis suficientes? y, ¿quiénes recibirán la vacuna primero?
Las respuestas a ambas preguntas ya las están debatiendo oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Según un plan preliminar de la agencia federal, las vacunas aprobadas se ofrecerían primero a profesionales de salud y personal de seguridad nacional vitales. Luego a otros trabajadores esenciales y a aquéllos grupos considerados de alto riesgo: los asultos mayores y las personas con condiciones médicas preexistentes como diabetes o enfermedad cardíaca.
Pero los funcionarios también están considerando una opción controversial: poner a las personas de raza negra y a los latinos (de todas las razas) arriba en la lista, ya que han sido desproporcionadamente afectados por la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, algunos expertos en salud pública aseguran que priorizar a una raza o grupo étnico por sobre otro perjudicaría la percepción pública sobre la vacuna, y generaría malestar más que beneficios.
Según declaró Claire Hannan, directora ejecutiva de la Association of Immunization Managers, entidad que forma parte del comité que estudia el tema con los CDC, poner la raza y etnia en esta decisión lograría un efecto negativo: que las personas confíen menos en la vacuna.
La presión médica es enorme y la política ha entrado de manera desproporcionada en este debate.
El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) creó una alianza de organismos federales llamada Operation Warp Speed (OWS), cuya meta es entregar 300 millones de dosis de una vacuna segura y efectiva para COVID-19 para enero de 2021. El Congreso ya ha destinado $10,000 millones para alcanzar esta meta.
Para acelerar la distribución cuando la vacuna sea una realidad, algunas de las que ya estén avanzadas y hayan demostrado eficacia suficiente entrarán en el mercado incluso antes que la Administración de Drogas y Medicamentos (FDA) haya finalizado el proceso de aprobación.
Sin embargo, ¿quién tiene la decisión final sobre quién recibe la vacuna primero? Un modelo posible es una suerte de lotería explicada en un artículo publicado en JAMA Networks, en el cual los departamentos locales de salud junto con los hospitales, son los que determinan cuáles residentes del estado necesitan un medicamento o una vacuna primero.
Esa estrategia ya se utilizó para los primeros pacientes que recibieron remdesivir, la primera droga que demostró ser efectiva contra COVID-19.
Para asignar este medicamento, médicos de Pittsburgh, en Pennsylvania, decidieron que la lotería daría preferencia a los trabajadores de salud y a los médicos de emergencia. Los médicos también buscaron favorecer a las personas de áreas económicamente desfavorecidas, que tienden a ser mayormente de comunidades de raza negra e hispanas (de todas las razas).
El 21 de julio, la Academia Nacional de Medicina anunció la creación de un panel para determinar un sistema para definir quiénes serían vacunados primero.
Nadie duda que los trabajadores de salud que atienden a pacientes con COVID deben ser los primeros en estar inmunizados. El debate crítico es quiénes siguen en la fila de vacunación.
La controversia alcanza niveles éticos. Expertos en bioética a nivel global dicen que el concepto de equidad debe aplicarse a nivel mundial.
Porque países como Estados Unidos, Alemania o Francia, tienen dinero para comprar y distribuir la vacuna. Pero la realidad es distinta en los países en desarrollo.
Por eso, expertos en salud pública han criticado la decisión de la administración Trump de retirar los fondos que el país otorga a la Orgnización Mundial de la Salud (OMS), porque la OMS es la entidad que justamente negocia que los nuevos medicamentos o vacunas lleguen a todas las esquinas del planeta y a las sociedades más desplazadas y vulnerables.
La OMS ha declarado que se necesitarán 4 mil millones de dosis para vacunar a las poblaciones prioritarias.
Robert Redfield, director de los CDC, dijo que la distribución debe ser equitativa, justa y transparente.
El desarrollo y distribución de una vacuna contra COVID-19 es la llave que abrirá la puerta a la normalidad. Pero el proceso, que involucra compras, negociaciones, entre otros complejos pasos, no será ni rápido ni fácil.
El nuevo coronavirus ha llegado a todos los rincones del planeta, la vacuna debe seguir el mismo recorrido.
