En octubre de 2018, la administración Trump publicó una propuesta para cambiar cómo los oficiales de migración deciden si una persona es, o no es, una "carga pública" para el gobierno de los Estados Unidos.
El concepto de carga pública existe en las leyes migratorias del país desde hace casi un siglo. Es una de las categorías que se evalúan cuando una persona solicita la residencia permanente (green card o tarjeta verde), para determinar si podría depender económicamente del gobierno de manera excesiva. 
Antes, se consideraba que una persona era, o podía ser, una carga pública solo si recibía asistencia monetaria del gobierno en efectivo (Ingreso de Seguridad Suplementario) o ayuda federal para pagar atención médica a largo plazo.
Históricamente, a los programas públicos de salud y alimentos se los consideraba como alternativas para ayudar a las familias trabajadoras a permanecer productivas y a prosperar.
Sin embargo, ahora el gobierno no lo ve así. La nueva propuesta de la administración Trump ampliaría dramáticamente la lista de programas que podrían representar un obstáculo para que se otorgue la residencia permanente. Específicamente, podría ser una barrera para conseguir la green card:
- Ser beneficiario de Medicaid, el programa de seguro de salud federal, gerenciado por los estados, para las personas de bajos ingresos.
- Recibir cupones de alimentos (Supplemental Nutrition Assistance Program, o food stamps)
- Recibir asistencia para pagar la renta (Sección 8 del programa de vivienda pública)
- Recibir subsidios para pagar medicamentos como beneficiario de Medicare parte D.
En el caso de Medicaid, no afectaría al proceso para cambiar de estatus migratorio que la persona haya recibido ayuda en una emergencia médica o para algunos programas escolares, o de asistencia por discapacidad.
La propuesta del gobierno también establecería niveles de ingresos que pesarían en contra, o a favor, del solicitante. Por ejemplo, según explica el National Immigration Law Center, si una persona gana $31,000 al año para mantener a una familia de cuatro, eso se consideraría un factor negativo en el test de carga pública. Si embargo, si esa misma persona ganara $63,000, se consideraría un factor muy positivo.
El oficial de migración evaluaría los beneficios recibidos a lo largo de los años, de manera global. Por ejemplo, si el solicitante recibió food stamps una década atrás sería menos negativo que si estuviera recibiendo beneficios de Medicaid en los dos años previos a presentar la solicitud para la residencia permanente.
Según esta propuesta, estos cambios también se implementarían en los casos en que la persona solicite cambiar de estatus, por ejemplo, de una visa de turista a una visa de trabajo.
Los programas que no estarían bajo esta extensión del concepto de carga pública son:
- Ayuda federal por desastres
- Asistencia médica de emergencia (Medicaid de emergencia)
- Programas estatales, locales o de tribus nativas americanas (distintos a la asistencia de dinero en efectivo federal mencionada arriba)
- Beneficios que reciben familiares del inmigrante que está aplicando para obtener la green card.
- Ayuda para almuerzos escolares
- Otros que no estén especificados en la propuesta
Este tipo de cambios a normas existentes tienen un período abierto para comentarios del público. Una de las preguntas en este período —que fue de 60 días y culminó a fines de 2018— fue si el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), el Medicaid para niños, debería incluirse como uno de los beneficios que podrían jugar en contra del solicitante.
Aprobar o descartar una norma de estas características implica un proceso largo, y es esencial saber que esta regla todavía se está discutiendo. Una vez que se reciben todos los comentarios, el gobierno debe analizarlos, considerarlos y elaborar un nuevo borrador.
También es importante saber que la regla propuesta busca evaluar los beneficios del gobierno que esté recibiendo la persona que solicita la green card, no los miembros de su familia.
Pero el temor a no poder avanzar en el camino hacia la ciudadanía ya está haciendo que muchas familias quiten a sus hijos ciudadanos de programas de salud, y que todo el grupo familiar deje de tener atención médica.
En una entrevista con Kaiser Health News, Wendy Parmet, directora del Center for Health Policy and Law de la Northeastern University, dijo que este cambio podría, por ejemplo, obligar a una madre a sopesar la necesidad de atención médica para un recién nacido enfermo contra el riesgo de no obtener la residencia permanente.
El gobernador de Washington y precandidato demócrata para las presidenciales de noviembre, Jay Inslee, escribió a la Oficina de Presupuesto del Congreso, para que evaluara el impacto que esta propuesta tendría en la salud y bienestar de millones de residentes legales, que pagan impuestos.
"Esto indudablemente llevará a que personas en todo el país pasen hambre, no accedan a la atención médica necesaria, pierdan la autosuficiencia e incluso se queden sin hogar", dijo Inslee.
Para que quede doblemente claro. Esta norma todavía no está vigente, pero, si estás en proceso o estás planeando aplicar para la residencia permanente o para cambiar de estatus migratorio, y eres beneficiario de Medicaid u otro programa listado en la propuesta de carga pública podrías considerar:
- Hay más de 12,000 centros comunitarios a lo largo del país que están calificados por el gobierno para ofrecer atención médica de manera gratuita (o a una escala de pago de acuerdo a tus ingresos). En estos centros comunitarios de salud nunca se te preguntará por tu estatus migratorio.
- Una opción ampliada son los planes de salud de corto plazo, que ofrecen cobertura de servicios médicos y hospitalarios por el pago de una prima mensual mucho más baja que la de los planes del mercado de seguros del Obamacare.
Y debes recordar que siempre es importante tener acceso a la atención médica, para tus controles, para los de tus niños y sus vacunas, entre otras tantas necesidades de salud.
