Los jefes de las principales compañías distribuidoras de medicamentos testificaron ayer ante el Congreso y, en general, negaron que sus compañías hayan contribuido a facilitar la actual epidemia de opioides en Estados Unidos.
Pero esta posición fue contrapuesta cuando George Barrett, presidente ejecutivo de Cardinal Health, dijo que lamenta que la compañía no haya actuado con mayor rapidez para impedir el envío de millones de pastillas de hidrocodona y oxicodona a dos pequeñas farmacias de West Virginia, el estado que tiene la mayor tasa de muerte por sobredosis de opioides en el país.
"Esas decisiones permitieron que las dos farmacias continúen recibiendo ciertos volúmenes de hidrocodona y oxicodona de Cardinal Health por más tiempo del que creo que deberían haberlo hecho, según lo que he aprendido sobre las circunstancias que rodean a esas farmacias. Con el beneficio de la retrospectiva, desearía haber avanzado más rápido y haber formulado una serie diferente de preguntas. Lamento mucho no haberlo hecho", dijo Barrett.
Cinco ejecutivos fueron convocados para testificar ante un panel de supervisión del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, y aunque Barrett dijo que deseaba haber identificado el problema antes, no llegó a aceptar la responsabilidad por la epidemia.
Cuando el representante Gregg Harper (R-Miss.), presidente del panel, preguntó a los ejecutivos si creían que la conducta de sus compañías contribuyó al problema generalizado de los opiáceos, él y otros tres lo negaron.
Críticas
Los distribuidores enfrentaron críticas de demócratas y republicanos por supuestamente ignorar los requisitos legales para monitorear de cerca las entregas de opiáceos a las farmacias mientras vertían grandes cantidades de analgésicos en pequeñas ciudades en West Virginia.
Según el diario Washington Post, el panel reveló en cartas enviadas en febrero que McKesson y Cardinal Health enviaron 12,3 millones de dosis de potentes opioides recetados a Family Discount Pharmacy en Mount Gay-Shamrock, West Virginia, de 2006 a 2014. También se están estudiando las entregas hechas a Hurley Drug Company en Williamson, W.Va., que recibió más de 10.5 millones de píldoras durante ese mismo período de tiempo. Una sola farmacia en Kermit, West Virginia, una ciudad de unas 400 personas, recibió casi 9 millones de píldoras de hidrocodona durante dos años.
El representante David McKinley, republicano por Virginia Occidental, expresó su indignación porque los distribuidores se negaron a aceptar la responsabilidad de alimentar la epidemia de opiáceos al enviar grandes cantidades de píldoras a las comunidades rurales de su estado.
"La furia dentro de mí ahora está burbujeando. Encuentro particularmente ofensivo que varios de ustedes digan que no tuvieron ningún papel en esto", dijo Mckinley mientras interrogaba a los distribuidores.
Tanto en la Cámara como el Senado están considerando un paquete de proyectos de ley para enfrentar la creciente crisis de opiáceos. Se esperan novedades en algún momento de este verano.
Demandas
La semana última, cinco demandas colectivas fueron presentadas alegando que la epidemia de opioides en Estados Unidos ha incrementado de forma injusta los costos del seguro de salud en todos los ámbitos, no sólo para aquellos que padecen una adicción.
Las presentaciones, que se realizaron en nombre de personas y empresas que han pagado seguros de salud en California, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York desde 1996, representan un nuevo frente en el litigio que busca responsabilizar a las corporaciones por la crisis de opiáceos.
Entre las compañías que forman parte de la demanda se incluyen Purdue Pharma, Cephalon, TEVA Pharmaceutical USA, Inc., Janssen Pharmaceuticals, Cardinal Health, Endo Pharmaceuticals y Inys Therapeutics. La demanda alega que las compañias usaron prácticas de mercadeo falsas y engañosas para vender diversos tipos de opioides y que los distribuidores no hicieron nada para detenerlo.
Los fabricantes de medicamentos y los distribuidores ya enfrentan colectivamente más de 600 demandas civiles interpuestas por municipios locales y estatales.
