Primero fue Brittany Maynard, la joven con cáncer terminal que terminó mudándose a Oregon para poder llevar a cabo su deseo de muerte el 1 de noviembre pasado.
Hoy, es Christy O'Donnell la ex sargento de 46 años que pide desesperadamente que la dejen terminar con su vida y evitar una muerte dolorosa a causa de un cáncer terminal que la aqueja en pulmón, cerebro y otros órganos vitales de su cuerpo. 
La normativa aprobada tomó como referencia la legislación vigente en Oregón, que fue aprobada en 1997. Nuevo México, Montana, Vermont y Washington también autorizan el suicidio asistido por médicos. Por otra parte, en Nueva York, este tipo de intervención es aceptado de forma más restringida, como es el caso de que un doctor retira el soporte vital a un paciente.
La iniciativa de aprobación de la ley tuvo algunas voces opositoras dentro del Partido Republicano y de algunos demócratas quienes argumentaron razones morales para votar en contra, aunque finalmente salió aprobada 23 a 14.
Los oponentes a la ley temen que con su aprobación podría violarse el derecho de los pacientes y abriría la puerta para un potencial abuso.
Los familiares de Brittany Maynard estuvieron presentes en la sesión de la Cámara alta californiana.
Según la ley propuesta, una persona con una enfermedad, terminal, un pronóstico de menos de seis meses de vida, dos diagnósticos médicos diferentes, en pleno uso de sus facultades mentales, tendría la opción de pedir una receta médica para que pueda morir sin sufrimiento.
Este es el caso de la ex sargento de la policía de Los Angeles y madre soltera de una joven de 20 años, quien ha demandado a las autoridades para poder quedarse en su casa y ejercer este derecho.
"El caso de Christy O'Donnell debe servir de ejemplo para alentar a otras personas que están muriendo y que enfrentan un final doloroso que los cuidados paliativos del mejor hospital no pueden evitarle", explicó el director legal de Compassion & Choices , Kevin Díaz.
La SB-128 será revisada ahora por la Asamblea de California y, en caso de que sea aprobada finalmente quedará en manos del gobernador Jerry Brown, quien tiene el derecho a veto.
