A pesar del aumento de muertes por la epidemia de opioides, de un mayor número de suicidios, y de múltiples tragedias públicas que involucraron a personas con trastornos de salud mental, los estados están haciendo muy poco para impulsar el tratamiento de estas afecciones.
Así lo comprobó un nuevo análisis, que calificó a cada estado en base a una serie de parámetros de atención en los servicios de salud mental como el acceso, los costos, el número de visitas y otras variables.
De los 50 estados, 32 recibieron muy bajas calificaciones, lo que demuestra, según los analistas, que fracasaron en regular los servicios de salud mental, de manera tal que los pacientes tuvieran un acceso amplio a tratamientos psiquiátricos y de adicciones, a un costo y en un período de tiempo razonables.
El trabajo, Evaluating State Mental Health and Addiction Parity Statutes: A Technical Report, fue realizado por el Kennedy-Satcher Center for Mental Health Equity de la Morehouse School of Medicine, junto con una alianza de asociaciones que abogan por un mejor tratamiento de la salud mental, que se equipare a la atención que un paciente recibe por sus problemas físicos.
En 2008, el Mental Health Parity and Addiction Equity Act estableció parámetros que las aseguradoras debían implementar, y los estados controlar, con estatutos estatales, para un igualitario y justo acceso a los servicios de atención mental y de adicciones.
La nueva investigación analizó cómo los estados estaban lidiando con algunos de estos parámetros, haciendo respetar, o no, estos estatutos. Entre ellos:
- Las condiciones de salud mental deben reconocerse ampliamente como condiciones de salud físicas.
- Los copagos y los gastos de bolsillo para los servicios de salud mental deben ser los mismos que para los servicios de salud física.
- Los estados deben asegurar que se cumplan los preceptos de la ley para lograr la equidad en estos servicios.
Como en la escuela, cada estado recibió una calificación de la A a la F. Por supuesto, A fue la mejor calificación, y F la peor. (En puntajes: A = 90-100 puntos, B = 80-89, C = 70-79, D = 60-69 y F = 0-59)
Illinois fue el único estado que se sacó una A (obtuvo 100 puntos, en el mapa arriba en color verde).
Virginia, Maine, Colorado, Tennessee, New Hampshire y Alabama obtuvieron una C.
El resto obtuvo muy baja calificación (en naranja y rojo), 32 de ellos con efes.
Entre los estados con una F se encuentran California, Florida, Arizona, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Nueva York y Nueva Jersey.
Entre las violaciones más comunes que hallaron los investigadores estuvieron:
- La aseguradora le solicita al paciente que pague un deducible separado o copagos más altos por servicios de salud mental.
- La aseguradora establece límites a los días que un paciente puede permanecer en un centro de tratamiento o cuántas sesiones puede tener con un terapeuta.
- La aseguradora cobra más por recetas de medicamentos para tratamientos de salud mental.
- Los pacientes necesitan órdenes especiales para comenzar un tratamiento.
- Las aseguradoras fuerzan al paciente a probar un tratamiento más económico antes de usar el recomendado por un doctor.
- La aseguradora se niega a pagar por tratamientos en el hogar.
- La aseguradora se niega a pagar por tratamientos que deban realizarse fuera del estado o la región en donde reside el paciente.
Todas pueden ser violaciones a los derechos de los pacientes establecidos en el Mental Health Parity and Addiction Equity Act. Y pueden apelarse.
Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en 2017 hubo 70,237 muertes por sobredosis de opioides, una cifra 9.6% más alta que el año anterior.
La misma fuente indica que en 2016, 45,000 personas se quitaron la vida, poniendo al suicidio como la décima causa de muerte en los Estados Unidos.
Las estadísticas de la Anxiety and Depression Association of America revelan que 40 millones de personas en el país padecen de distintas formas de ansiedad y depresión.
El Instituto Nacional de Salud Mental informa que la enfermedad mental —desde psicosis y esquizofrenia, hasta distintos trastornos de la personalidad— afecta al 9.6% de la población adulta.
En el lanzamiento del informe, el ex representante demócrata Patrick Kennedy, coautor del acta de 2008 y fundador The Kennedy Forum, una de las asociaciones que participó del estudio dijo que "debemos romper el silencio que rodea las barreras de atención y brindar transparencia a un sistema que oprime a las personas con trastornos de salud mental y adicciones".
Agregó que "los tratamientos no deben ser algo que solo los ricos puedan pagar y ningún padre debe enfrentar la ruina financiera para salvar la vida de sus hijos, especialmente después de pagar un plan médico por años".
