El año que está por terminar ha sido de intensas discusiones y manifestaciones a favor o en contra del aborto. Mientras que en países como Argentina no se concretó la propuesta para darle marco legal al procedimiento y en Brasil el nuevo gobierno busca prohibirlo, incluso si hubo violación, en México se cumplieron 11 años de que se despenalizara la interrupción del embarazo en su ciudad capital.
El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México despenalizó el aborto inducido. Desde entonces y hasta el 30 de noviembre de 2018 se han atendido 204,580 mujeres en los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud, de forma totalmente gratuita; la mayoría son mujeres de 18 a 24 años de edad.
En la capital se puede practicar el procedimiento hasta las 12 semanas de gestación sea cual sea la edad de la involucrada, sin necesidad de alegar alguna razón. Pero en el país coexisten varias realidades.
La violación es una causante legal para interrumpir el embarazo en toda la nación. En estados como Colima o Baja California Sur se pueden alegar otras cinco causas para practicar un aborto no penalizado, como que la vida de la mujer esté en peligro o que el embarazo implique alteraciones genéticas. En cambio, en Querétaro y Guanajuato, sólo se justifica penalmente por violación o si la interrupción ocurre “por una imprudencia culposa” (sin intención).
El aborto en México también es un delito por el que se pueden dar castigos severos que van desde trabajo comunitario hasta largas sentencias en prisión. Por ejemplo, en 2011 siete mujeres que fueron condenadas por el gobierno de Guanajuato con penas de entre 25 y 30 años de cárcel por haber “asesinado a sus propios hijos”.
El Grupo de información en Reproducción Elegida (GIRE), uno de los más activos por la defensa de la legalización del procedimiento en el país, denunció este año que "la criminalización tiene consecuencias como el precario o nulo acceso a causales legales de aborto y la denuncia de mujeres con emergencias obstétricas". La mayoría de estas denuncias son hechas por los mismos prestadores de servicios de salud: en la última década, 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por interrupción de embarazos, cifra que puede promediarse a una acusación al día.
Los contrastes entre entre la Ciudad de México y el resto del país son tan marcados que no es de extrañar que de esas 204,580 mujeres que se han practicado la ILE en la Ciudad de México, 61,448 provengan de otras entidades. La mayoría de las foráneas se trasladaron desde regiones de la periferia, como el Estado de México (53,692), Puebla (1,232) e Hidalgo (1,083).
No todas pueden prevenir un embarazo
Uno de los argumentos de quienes se oponen a la interrupción legal del embarazo es que, al existir métodos anticonceptivos, este procedimiento no es necesario. Para Carmen Saavedra Saldívar, directora de la Coordinación del Sistema de Unidades del Instituto de las Mujeres en Ciudad de México (Inmujeres), en el país la realidad es mucho más compleja.
Saavedra Saldívar, quien tiene 11 años en la institución trabajando de cerca con mujeres de diversas comunidades, explicó a HolaDoctor que, aunque hay promoción de todos los métodos anticonceptivos por varias instituciones de salud y se busca que lleguen a todas las poblaciones, hay sectores del país muy conservadores donde es difícil hablar públicamente de píldoras, parches o dispositivos intrauterinos por razones morales y religiosas. “Ahí sí luchamos contra un atraso importante”, dijo.
A esto se suman factores como la violencia dentro de las relaciones (muchas mujeres quedan embarazadas por violaciones cometidas por sus mismos esposos) o que los hombres, por razones culturales, imponen el no usar condón “y la mujer por apego o por romanticismo, está dispuesta a ceder”.
Aparte, la directora de Inmujeres explicó que hay otra modalidad: en una relación consensuada con condón, los hombres se lo retiran sin que la mujer se dé cuenta. Agregó que “no tenemos cifras porque es algo muy privado, pero esto está ocurriendo cada vez más entre jóvenes universitarios”.
Salud pública: lo que dicen las cifras
La combinación de las barreras que impiden el uso de anticonceptivos y la criminalización de la interrupción del embarazo trae consecuencias como hacer abortos de forma clandestina. Por ser un procedimiento que raya en la ilegalidad, no hay cifras oficiales ni precisas sobre todo lo que implica esta realidad en México, mas algunos estudios han logrado darle forma.
Se estima que cada año se hacen alrededor de un millón (1,026,000) de abortos inducidos en México a mujeres de 15 a 44 años de edad, según un informe del Instituto Guttmacher publicado en 2013. Otro estudio sobre la incidencia, llevado a cabo por el Colegio de México, el Guttmacher y la oficina local del Population Council, indica que la tasa anual es de 33 por cada 1,000 mujeres, cifra ligeramente superior al promedio de América Latina (31 por 1,000).
Más de un tercio de todas las mujeres que tienen un aborto inducido desarrollan complicaciones que necesitan atención médica, pero una cuarta parte de las mexicanas que experimentan estas complicaciones no obtiene el tratamiento que necesita. Las cifras del Guttmacher indican, por ejemplo, que uno de cada tres abortos se induce a través del medicamento misoprostol y que cerca del 39% de estos procedimientos conduce a complicaciones que requieren tratamiento médico.
Cuántas muertes han ocurrido tampoco se sabe con precisión. Los registros más recientes de egresos hospitalarios de unidades de la Secretaría de Salud dicen que de 117,921 mujeres que recibieron atención obstétrica en el año 2014, 19 terminaron en defunción. Entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue registrada como “aborto” (no se especifica si inducido o espontáneo), pero esta cifra no incluye muertes relacionadas con la práctica que fueron registradas con una causa diferente, como hemorragia o infección.
Podemos tomar otra referencia para hacernos una idea de las consecuencias a la salud que propicia la clandestinidad: En 2009 unas 159,000 mujeres fueron atendidas por complicaciones de un aborto provocado en hospitales del sector público, según el Guttmacher.
La representante de Inmujeres no cree que si se legaliza la interrupción del embarazo en el resto del país se registren abortos en masa o que se use como método anticonceptivo de emergencia (en la Ciudad de México las estadísticas anuales se han mantenido estables). En su opinión se trata de dar las condiciones médicas de protección para la salud a las mujeres que no deseen continuar con el embarazo y evitar muertes “que no sabemos exactamente cuántas son”.
Con el reciente cambio de gobierno en el país, el Instituto pasará a ser Secretaría de las Mujeres, esto significa un crecimiento y podría ser una señal de lo que está por venir. Saavedra Saldívar espera que esta medida se traduzca en dar beneficios amplios para todas las mujeres, “que todo esto sea progresivo a nivel federal. Que se logre poner en la ley que no es un delito que las mujeres decidan. Si lo logramos, estaríamos diciendo a que México es un país que avanza porque avanzan las mujeres y sus derechos”.
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