Angel Torres no ha ido al doctor desde que entró ilegalmente a Estados Unidos hace más de dos décadas. Pero ahora, su visión se está volviendo borrosa y se siente cansado con frecuencia. Torres, de 51 años, está preocupado porque podría tener diabetes como sus hermanos.
“El tiempo está pasando”, dijo en español. “Necesito un chequeo médico”. Torres tiene suerte. Vive en California, que tiene un enfoque dramáticamente diferente al de otros estados para el cuidado médico de los inmigrantes que están en el país sin autorización.
Muchos condados —incluyendo el de Los Angeles, en donde vive Torres— ofrece a estos inmigrantes cobertura gratuita, permitiéndoles recibir cuidado médico en clínicas locales. Además, unos 500 mil padres inmigrantes de bajos ingresos elegibles para el nuevo alivio a las deportaciones que otorgó el presidente Barack Obama probablemente calificarán para el Medi-Cal, la versión californiana del Medicaid. Ya, los adultos jóvenes que fueron traídos aquí de niños, y que fueron beneficiados con un alivio migratorio similar, pueden recibir el seguro financiado por el estado.
Y en diciembre, fue propuesta una legislación para extender el seguro de salud subsidiado por el estado a todos, incluyendo a aquéllos a los que no se les permite tener seguro a través del Obamacare. Esta iniciativa no puede utilizar dólares federales.
El impulso para ofrecer seguro de salud a todos los californianos más allá de su estatus migratorio es la más reciente de una serie de políticas públicas estatales amigables con los inmigrantes en pocos años.
Inmigrantes que están aquí ilegalmente ya pueden obtener licencias para practicar medicina, leyes u otras profesiones, y a partir de este mes, pueden aplicar para licencias de conducir.
No hay garantía de que otros estados seguirán a California, pero el tamaño y la composición demográfica del estado le aseguran un rol prominente en el debate nacional sobre la cobertura de las personas que viven en el país ilegalmente.
“Si California avanza en esto, tendría un impacto en otros estados”, dijo Randy Capps, director de investigación para el Migration Policy Institute, un grupo no partidista con sede en Washington, D.C. “Es realmente una cosa grande”.
California ha sido un líder en asuntos de inmigración en el pasado. De hecho, fue uno de los primeros estados en ofrecer a los estudiantes indocumentados pagar como residentes del estado en las universidades. Ahora, cerca de 20 estados lo hacen.
Aún así, es improbable que algunos estados consideren ofrecer cobertura de salud a indocumentados en un futuro cercano. En el sur, por ejemplo, defensores de expandir la cobertura dicen que todavía están tratando de convencer a los oficiales de expandir los programas del Medicaid, para incluir a más ciudadanos estadounidenses y residentes legales. La ley federal permite a los estados expandir el Medicaid para incluir a personas con ingresos un poco más altos, y sin hijos.
“Estamos teniendo una conversación muy diferente”, dijo Cindy Zeldin, directora ejecutiva de Georgians for a Healthy Future. “Creo que realmente estamos muy lejos como estado de donde está California”.
California, sin embargo, está muy lejos de donde supo estar.
En 1994, los votantes apoyaron una iniciativa, 'Proposition 187', que intentó denegar educación, salud y otros beneficios a los inmigrantes que viven aquí ilegalmente.
“Es realmente un desarrollo importante que California —21 años después de Prop. 187— esté en donde está”, dijo Thomas A. Saenz, presidente de la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF). “Ese cambio, en menos de una generación, es lo que vamos a ver en aumento a lo largo del país”
Saenz atribuye la transformación de California en parte al crecimiento de la población inmigrante y el electorado latino. También cree que la gente ha entendido que cuestiones como la salud afectan a todos: la imposibilidad de una persona para tener tratamiento puede enfermar a otros miembros de la comunidad Además, Saenz y otros dicen que los jóvenes inmigrantes, traídos ilegalmente al país por sus padres cuando eran muy pequeños para tomar decisiones, han puesto el rostro humano al problema.
“Debemos darles crédito... los activistas jóvenes sin papeles que salieron y dijeron, ‘no tengo miedo y aquí estoy’”, dijo Gabrielle Lessard, abogada de políticas de salud con el National Immigration Law Center.
José Flores, de 23 años y graduado de U.C. Berkeley, es uno de ellos. Su rostro está en las carteleras de todo el estado como parte de una campaña para la cobertura universal de salud. Flores recibió estatus temporal legal a través del plan de la administración Obama para jóvenes indocumentados y ahora puede aplicar para el Medica-Cal, aunque sus padres están todavía en el país sin papeles y sin seguro médico.
“Siempre he pensado que la mejor manera de recibir apoyo es siendo sinceros sobre nuestro estatus”, dijo.
No todo el mundo está tan emocionado con el impulso de ampliar la cobertura. Tim Donnelly, ex asambleísta estatal, dijo que cubrir a cualquier inmigrante sin papeles es fiscalmente irresponsable y amenaza con “borrar la línea entre lo legal y lo ilegal”.
“Finalmente hemos logrado equilibrar en California el sube y baja del presupuesto”, dijo Donnelly, quien fue líder del grupo ciudadano de control fronterizo Minuteman. “Es el momento equivocado para abrir una caja de Pandora de ayuda social”.
Mientras tanto, iniciativas locales en California están allanando el camino para cambios más amplios, dijo Anthony Wright, director ejecutivo del grupo de defensa del consumidor Health Access. “Creemos que estos esfuerzos de los condados, tanto si ocurren en San Francisco, Alameda o Los Angeles, proveen el momentum”, dijo. Podrían ser “puentes hacia una solución a nivel nacional”.
El otoño pasado, el condado de Los Angeles utilizó su programa de $61 millones llamado My Health LA para proveer cobertura gratis a inmigrantes indocumentados y pagar a clínicas comunitarias para que cuidaran de ellos.
Angel Torres se registró este mes en el Community Health Alliance de Pasadena. Patricia Monroy, una empleada de la clínica que lo ayudó a aplicar, le dijo que podía recibir atención médica en ciertas clínicas y hospitales financiados con dinero público, pero que debía evitar establecimientos privados. “Es un programa del condado”, le recordó. “No un seguro”.
En otra clínica que participa en My Health LA, El Proyecto del Barrio en San Fernando Valley, Maria Lara se registró, junto con su hija de 11 años. Su hijo, nacido hace algunos meses en US, recibe el Medi-Cal, dijo.
Lara dijo que sólo unas semanas antes del nacimiento, su esposo fue deportado. Ahora ella vive de la ayuda de su iglesia. Un amigo le dijo que podía obtener cobertura de salud gratuita en una clínica local. Estaba nerviosa, pero a la vez ansiosa de poder recibir tratamiento para una enfermedad de la tiroides que le diagnosticaron durante su embarazo, cuando ella tenía cobertura bajo el programa de emergencia del Medi-Cal.
“Ahora puedo hacer una cita y no esperar durante horas en la sala de emergencia”, dijo.
Otro paciente, Aldo Corado, dijo que se ha apoyado en los hospitales públicos y en clínicas con tarifas diferenciadas desde un accidente de auto hace cinco años, que lo dejó paralizado y en silla de ruedas. Cuando se enteró de My Health LA, Corado se matriculó ansiosamente.
En una mañana reciente de enero, fue a El Proyecto por una tos persistente. Corado contó que no puede trabajar por lo que aprecia la cobertura gratuita. Pero el padre de dos niños nacidos en US dijo que tiene esperanza de poder tener Medi-Cal.
“Sería prácticamente un sueño para los inmigrantes poder tener Medi-Cal”, dijo, y agregó que le podría permitir tener más acceso a los especialistas y a terapia física.
El proyecto de ley, propuesto por el senador Ricardo Lara, permitiría a los inmigrantes de bajos ingresos recibir Medi-Cal y a aquéllos con ingresos más altos comprar planes con subsidios estatales. Él propuso un proyecto de ley similar el año pasado, pero se estancó en el comité.
Un estudio de U.C. Berkeley publicado en mayo, reveló que cubrir a todos los inmigrantes ilegales que viven en California aumentaría el gasto de Medi-Cal en un 2% en el 2015, mientras que el aumento de la matrícula crecería un 7%. El costo de alrededor de $360 millones se vería compensado significativamente por una caída en los costos de atención de salud para los no asegurados, así como por un aumento en los ingresos fiscales de ventas de planes de atención médica, indicó el estudio del UC Berkeley Labor Center.
Cuando el gobernador Jerry Brown dio a conocer su plan de gastos de este mes, no incluyó un estimado de cuánto costaría extender Medi-Cal a la población de inmigrantes que recibió el alivio de la deportación bajo la orden ejecutiva de Obama. El alivio de la deportación se aplica a ciertos padres de ciudadanos estadounidenses o niños que son residentes legales. Los funcionarios de salud dijeron que era demasiado pronto para decir cuántas personas aplicarían.
Alrededor de 1.85 millones de inmigrantes que viven sin papeles en California no tienen seguro, dijo Capps, del Migration Policy Institute. Se estima que la nueva política de Obama podría agregar entre 450 mil y 500 mil personas que podrían calificar para Medi-Cal.
Mientras tanto, la campaña para cubrir a todos en California continúa. The California Endowment está promoviendo la cobertura a través de publicidades, las redes sociales y anuncios de radio. Daniel Zingale, vicepresidente senior de la organización, dijo que el Obamacare debería haber incluido a esta población inmigrante.
“Que en California, es un problema real”, dijo. “Nosotros tenemos que encontrar una manera de terminar el trabajo”.
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