El nivel de oposición a la reforma de salud ha bajado, indica una encuesta de AP/GFK: un 41 por ciento de las personas se oponen a la ley, mientras que un 40 por ciento la apoya. La encuesta se realizó entre 1.001 adultos entre el 5 y el 10 de enero.
El grado de oposición llegó a ser del 47 por ciento, según otra encuesta de la misma agencia realizada en noviembre del 2010.
Puntos clave
El rechazo a la legislación que busca ampliar la cobertura de salud, evitar la discriminación por condiciones preexistentes y controlar los costos de la medicina privada, sigue manteniéndose fuerte entre las personas que se definen como republicanas, con un 71 por ciento en contra. Entre los demócratas, el 19 por ciento no acepta la ley.
Cerca de seis de cada 10 encuestados están en contra de que, por ley, se obligue a las personas a tener un seguro de salud, a riesgo de sufrir severas multas.
Esta encuesta se da a conocer a horas de que los representantes republicanos se apresten a votar un rechazo a la ley de salud en la Cámara Baja. Aunque los analistas indican que este rechazo sería, a su vez, rechazado en el Senado, pondría de nuevo sobre la mesa un debate que ya tomó prácticamente todo el ciclo legislativo de 2009.
Los republicanos iban a votar en contra de la ley de salud el sábado 8, pero decidieron posponer la votación a raíz de la masacre de Tucson, en donde ese mismo día murieron 6 personas y otras tantas quedaron gravemente heridas, incluida la representante demócrata por Arizona Gabrielle Giffords.
El debate por una reforma de salud fue el mayor que tuvo el país en cuatro décadas. La idea es que se amplíe la cobertura de salud a 32 millones más de personas.
El proyecto de reforma, que durará cerca de 10 años, costará $940.000 millones. Incluye nuevas opciones de seguros de salud para pequeñas empresas, para los trabajadores por cuenta propia y para los que no tengan empleo.
También ofrece más protección a los que padecen enfermedades crónicas o condiciones preexistentes para que las aseguradoras no los discriminen.
Apenas fue aprobada la ley, varios estados, entre ellos Virginia y Florida, presentaron demandas para desafiarla por considerarla inconstitucional. El punto central de la discordia fue el que exige que cada uno de los habitantes del país tenga un plan médico, a riesgo de ser multado.
