La situación de millones de inmigrantes es crítica: los que no son ciudadanos tienen tres veces más chance de no tener seguro que los nacidos en el país, aunque sólo representan el 20% de los que no tienen seguro.
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) ayuda a algunos a tener cobertura, aunque los indocumentados no tendrán acceso a los subsidios federales o derecho a comprar cobertura a través del nuevo mercado de seguros de salud (o de intercambio, como también se lo conoce). Esta decisión de la administración del presidente Barack Obama generó muchas críticas por parte de grupos pro inmigrantes. Los activistas también reclamaron cuando, en 2012, el Gobierno decidió no extender la cobertura de la ley a los jóvenes que fueron aceptados en el programa de Acción Diferida, que ofrece un estatus legal temporal a aquéllos que llegaron de manera ilegal al país de chiquitos, traidos por sus padres.
Para el resto, se espera que la ley de salud aumente la cobertura, ya sea a través de aseguradoras privadas o del Medicaid, el programa federal gerenciado por los estados para los residentes de bajos recursos. Las siguientes son cinco preguntas sobre la ley de salud, los inmigrantes y los proveedores de salud que los cuidan.
1) ¿Cómo afecta la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio a los inmigrantes que no son ciudadanos y que están viviendo en el país legalmente?
Se espera que unos 10 millones de inmigrantes que viven en el país legalmente puedan obtener seguro de salud. Los inmigrantes que no tengan cobertura médica por sus empleadores podrán comprarla a través de los nuevos mercados de salud, o de intercambio, que comienzan a operar el 1 de octubre. Ya que muchos de estos inmigrantes trabajan en empleos de baja remuneración, pueden también calificar para Medicaid, aunque muchos de ellos no calificarán porque uno de los requisitos es haber permanecido en el país por al menos cinco años. Los inmigrantes que tienen estatus de refugiados pueden calificar para Medicaid sin esperar el período de cinco años. La ley federal expande la elegibilidad para Medicaid en todos los estados para personas que ganen hasta 138% del nivel federal de pobreza, es decir, unos $15,800 para un individuo y $33,000 para una familia de cuatro miembros. Un estimado de 57% de los no ciudadanos sin seguro médico, cumplen con este requisito por sus ingresos. Sin embargo, cerca de la mitad de los estados han optado por no aceptar la expansión del Medicaid, porque la Suprema Corte dictaminó que el Gobierno federal no puede penalizar a los estados que elijan no ampliar la elegibilidad.
Los inmigrantes con papeles que ganen más del límite del Medicaid podrían calificar para un subsidio federal que apunta a ayudar a las personas que ganan hasta cuatro veces por sobre el nivel de probreza —unos $46,000 para un individuo— a comprar cobertura médica a través del nuevo mercado de seguros. También, los inmigrantes con estatus legal que no son elegibles para Medicaid porque no han estado en el país por cinco años serán elegibles para subsidios a través del nuevo mercado de intercambio.
2) ¿La ley de salud ofrece cobertura o subsidios a inmigrantes indocumentados?
No. Los cerca de 11 millones de inmigrantes sin papeles que viven en el país no son elegibles para Medicaid, ni tampoco pueden calificar para obtener subsidios federales para comprar un seguro médico.
A estas personas tampoco se les permite usar su propio dinero para comprar cobertura de salud a través de los mercados de seguros. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que cerca de 30 millones de personas seguirán sin tener seguro en 2016. De acuerdo a un informe financiado por la Robert Wood Johnson Foundation, cerca de un cuarto de las personas que no están aseguradas son indocumentados.
Ellos tampoco entran dentro de la norma de la ley de salud que vuelve mandatorio el tener cobertura.
3) ¿Las personas que no son ciudadanas —ya sean indocumentadas o no— en donde consiguen cuidado médico ahora, en especial si no tienen cobertura?
Mientras los residentes con seguro generalmente obtienen cobertura de una red de doctores, hospitales y otros profesionales de la salud a través de la aseguradora, los inmigrantes sin papeles tienen menos opciones, en especial para tratarse enfermedades en curso. Una opción son los cerca de 1.250 centros comunitarios de salud que, en 9.000 diferentes ubicaciones a lo largo del país, atienden a unas 22 millones de personas. Y de ellas, un 40 por ciento no tienen cobertura médica, y un 38% es beneficiario del Medicaid, según explica Dan Hawkins, de la National Association of Community Health Centers. Los centros no preguntan a sus pacientes sobre su estatus migratorio.
Bajo la ley federal, los hospitales deben ofrecer asistencia médica de emergencia a todas las personas, más allá de si puedan pagar o de su estatus migratorio. Pero esa atención es limitada. Generalmente los hospitales proveen tratamiento para estabilizar al paciente pero no son responsables por las necesidades médicas posteriores, como quimioterapia para el cáncer, terapia física para víctimas de accidentes o recetas médicas para tratar condiciones crónicas, como por ejemplo la diabetes. Algunas personas pueden obtener estos servicios a través de doctores de manera privada, centros comunitarios de salud u organizaciones caritativas.
4) ¿Cómo afecta el tratamiento que la ley da a los inmigrantes a los hospitales y centros comunitarios de salud?
Reconociendo que más centros comunitarios de salud atenderían a los 30 millones de nuevos asegurados, el Congreso incluyó en la ley de salud un presupuesto de $11 mil millones de dólares para los centros comunitarios, repartido a lo largo de cinco años. Sin embargo, en 2011 el Congreso cortó $600 millones de dólares de los fondos para estos centros de salud. A no ser que el Congreso restablezca estos fondos, los recortes continuarán y significarán $3 mil millones menos de los $11 mil millones originales.
Los pagos federales a los hospitales también van a ser reducidos. Porque esperan atender a menos pacientes sin seguro como resultado de la ley de salud, los hospitales acordaron los recortes en los fondos federales que recibían por atender a los pacientes sin seguro médico. Este dinero, llamado copagos desproporcionados, está programado para reducir los gastos en $18 mil millones de 2014 a 2020.
La ley también impulsa fondos para el NationalHealth Service Corps, que brinda atención médica a poblaciones desprotegidas.
5) ¿Cómo afecta a los proveedores de salud el debate sobre la expansión del Medicaid que está ocurriendo en muchos estados?
Cerca de la mitad de las personas que se espera obtendrán seguro a través de la ley lo harán registrándose en los programas expandidos del Medicaid. El Gobierno federal asumió la expansión en los primeros tres años, pero los estados pagarán el 10% del costo de los nuevos enrolados. Mientras que muchos estados han expandido o están expandiendo sus programas de Medicaid, otros no lo han hecho, citando costos o razones políticas. En esos estados, los hospitales temen enfrentar menos reembolsos federales y a la vez no recibir más pacientes asegurados, por lo cual han estado presionando a los oficiales federales y estatales para restablecer los fondos.
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