En Washington, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en circuito correspondiente al distrito de Columbia (DC) llegó a la conclusión de que el IRS (Internal Revenue Service) carece de autoridad para permitir que los subsidios sean provistos en los mercados de seguros que no están administrados por los propios estados.
El pronunciamiento de 2 contra 1 en el caso Halbig vs Burwell podría poner en riesgo la situación de millones de personas que compraron su seguro de salud en alguno de los 36 estados con un mercado en línea administrado por el gobierno federal.
El juez Thomas Griffith, quien escribió la opinión de la mayoría, dijo que llegaron a la conclusión "de que la Ley de Cuidado de Salud (ACA, por sus siglas en inglés) restringe sin ambigüedades los subsidios a los mercados de intercambio establecidos por los estados".
Pero en cuestión de horas, otro panel de tres jueces en el Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, se pronunció exactamente en el sentido opuesto en el caso King vs. Burwell. En opinión de este cuerpo judicial, el Congreso siempre tuvo la intención de permitir la entrega de subsidios en ambos tipos de mercados: los federales y los estatales.
"Por lo tanto, está claro que la amplia disponibilidad de los créditos tributarios es esencial para cumplir con los objetivos primarios de la ley y que el Congreso sabía de esta importancia cuando diseñó la ley", dijo el juez Roger Gregory en el manuscrito del pronunciamiento.
La Administración de Obama ha dicho que apelará la decisión sobre Halbig vs. Burwell. El Departamento de Justicia pedirá que la Corte de Apelaciones en su totalidad revea el pronunciamiento, y dicho panel está dominado por jueces con inclinaciones Demócratas en una proporción de 7 a 4.
Casos similares están pendientes en cortes menores en otras partes del país, pero la decisión de la Corte del Distrito de Columbia es la primera en sugerir que los subsidios otorgados en mercados federales pueden no ser válidos.
De prevalecer dicha decisión, significaría que al menos 5 millones de norteamericanos enfrentarían un incremento de 76%, de acuerdo con proyecciones hechas por la firma consultora Avalere Health.
La administración Obama dijo que se siente confiada, sin embargo, de que el pronunciamiento en contra será revertido.
"No hay que tener un grado de conocimiento legal importante para entender que el Congreso pretendió que cada norteamericano elegible tuviera acceso a los créditos impositivos para bajar los costos de cuidado de su salud, sin importar quién estaba administrando el mercado, si el gobierno estatal o el federal", dijo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
"Creemos que esta decisión es incorrecta, inconsistente con las intenciones del Congreso, distinta de pronunciamientos anteriores y contraria a los objetivos de la ley: que es hacer del cuidado de la salud algo al alcance de todos, sin importar dónde viva la gente. En consecuencia, el gobierno buscará inmediatamente la revisión de esta decisión", dice un comunicado del Departamento de Justicia.
Mientras tanto, Elizabeth Wydra, consejera en jefe en el Centro de Responsabilidad Constitucional (Constitutional Accountability Center), dijo que la decisión no tendrá efecto inmediatamente. "Las decisiones de las cortes entran en vigencia en 45 días -para permitir que el gobierno pida una audiencia en bloque- o 7 días luego de que la audiencia 'en banc' (o de todo el cuerpo judicial) sea denegada".
Partidarios y opositores reaccionaron rápidamente a la decisión al caso Halbig.
"No hay registros de evidencia creíble de que el Congreso intentó condicionar los subsidios dependiendo si eran de base estatal, como opuestos a los de base federal", dijo Wydra, quien escribió un comunicado en representación de los miembros del Congreso, quienes escribieron la ley. "Tampoco hay evidencia creíble de que algún estado siquiera considerara la posibilidad de que los subsidios fueran negados a sus contribuyentes si el estado optaba por permitir que el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) estableciera un mercado en su representación".
Jonathan Adler, profesor de leyes en Case Western Reserve University, quien ayudó en el caso, disiente: "El punto de la decisión de hoy es una reafirmación del principio de que la ley es lo que el Congreso legisla, no lo que el Congreso intentaba legislar o lo que sea, con el beneficio en retrospectiva, ojalá el Congreso lo hubiera hecho de manera diferente", dijo.
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