La pelea contra el Obamacare es una guerra de guerrillas. Al fracasar en su intento de rechazar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la administración Trump ha estado minando el campo con normas y decisiones que están haciendo temblar a los mercados de seguros.
Una inesperada ha sido dejar de defender la ley en las cortes. ACA ha sido desafiada en muchos frentes, el principal, la demanda de 20 estados que lidera Texas, que argumenta que sin un mandato individual (la norma por la cual la mayoría de las personas debían tener cobertura de salud a riesgo de pagar una multa y que dejará de existir en 2019), todo el Obamacare debería declararse anticonstitucional.
Habitualmente es el gobierno el que defiende los programas federales, pero este abandono legal puede afectar a toda la ley, y en especial a una de las provisiones del Obamacare más populares: prohibir a las aseguradoras que rechacen a los pacientes con condiciones preexistentes.
¿Qué es una condición preexistente? Es una condición que la persona tenía antes de comprar una cobertura de salud. Es decir, abarca a casi todo: diabetes, hipertensión, asma, cáncer, hasta un embarazo puede considerarse una de estas condiciones, si la mujer ya está en estado al buscar un seguro.
Bajo ACA, ninguna aseguradora puede rechazar a nadie por tener una condición preexistente.
En el país, cerca de 130 millones de adultos menores de 65 años tiene una o más condiciones preexistentes, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS). Si esta demanda avanza, sería muy difícil para ellos conseguir seguro de salud, o lo tendrían a un costo mensual (prima) astronómico.
Una encuesta de la Kaiser Family Foundation reveló que el 70% de los adultos quiere que el Congreso mantenga las protecciones sobre las condiciones preexistentes.
Antes de ACA, para las personas con diabetes, hipertensión o asma, entre otras, conseguir cobertura de salud era un desafío. La aseguradora podía decidir desde no venderles un seguro hasta sacarlas de un plan de salud si desarrollaban una condición.
El Obamacare puso orden en esa tierra de nadie, desde que se convirtió en ley en marzo de 2010.
Desde que la administración Trump anunció que dejaría de defender la ley, el jueves 7 de junio, tres abogados del Departamento de Justicia renunciaron. Según explicó a National Public Radio Nicholas Bagley, profesor de leyes en la Universidad de Michigan, quien fue abogado en el departamento, "su trabajo es defender los programas federales, los abogados no son políticos, son funcionarios públicos... deben haber pensado que esta decisión no era consistente con sus obligaciones. Esta es gente que todo el tiempo defiende programas con los que puede no estar de acuerdo".
En el Capitolio, los republicanos recibieron el anuncio de esta decisión con cierto mutismo. Uno de los pocos que hablaron fue el representante por Nueva Jersey Tom MacArthur, quien se mostró escéptico sobre si esta línea de acción es viable. MacArthur también dijo que "hay un pacto con el pueblo estadounidense".
Los estados liderados por Texas, difieren dramáticamente de otros como California, en donde la discusión de salud en la campaña por la gobernación se centra en la posibilidad de tener un "seguro de salud para todos".
En un comunicado, los demócratas de la Cámara Baja dijeron que "no hay duda que los republicanos son responsables por el aumento de los costos de las primas de los seguros de salud, y por la posibilidad de que muchas personas no puedan solventar la atención médica básica".
Agregaron que esta decisión afectará las elecciones primarias y las de medio término de noviembre: las campañas en curso han mostrado que el tema de la atención de salud es esencial para los votantes.
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