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Víctimas de violación deben pagar por examenes

Por Michelle Andrews/Kaiser Health News -
Víctimas de violación deben pagar por examenes
CRÉDITO: THINKSTOCK

Las consecuencias de un asalto sexual pueden perdurar por mucho tiempo, pero las cuentas médicas no debieran. Sin embargo, un nuevo estudio halló que, a pesar de los esfuerzos federales por disminuir esa carga en las víctimas de violaciones, una mezcolanza de normas estatales hacen que algunas víctimas todavía reciban facturas por servicios médicos relacionados con el abuso, que incluyen prevención y tratamiento del embarazo, y de infecciones de transmisión sexual.

“Si se estuvo expuesta al VIH como resultado del ataque, es algo por lo que el estado debería pagar, especialmente si la víctima puede recibir tratamiento profiláctico para prevenir la infección”, afirma Ilse Knecht, directora adjunta de Políticas Públicas en el National Center for Victims of Crime.

Un tratamiento de 28 días con drogas antirretrovirales para prevenir la infección por VIH puede costar hasta $1,000.

Cuando el Congreso volvió a avalar el Violence Against Women Act en el 2015, se agregaron provisiones para asegurar que las víctimas no tuvieran que pagar por los exámenes médicos forenses (MFEs, por sus siglas en inglés), conmunmente llamados “kits de violación” (rape kits), reportaran o no el asalto sexual a la policía o participaran de procedimientos judiciales penales.

Estos costos, sin embargo, están cubiertos por fondos federales y estatales para compensación a víctimas, los cuales son financiados en parte por gastos y  multas pagadas por convictos por delitos sexuales, además de por otros fondos federales y estatales. La reautorización del 2013, que entra en efecto en marzo del 2015, va un paso más allá: indica que no se debe facturar a las víctimas por el MFE primero, para que no tengan que reclamar el reembolso a sus aseguradoras. Los examenes deben ser completamente libres de costos.

El National Institute of Justice, el brazo de investigaciones del Departamento de Jutsicia, financió un estudio para observar la ley y sus efectos. Esa investigación, realizada por el Urban Institute, la George Mason University y el National Sexual Violence Resource Center, se publicó en mayo. El estudio analiza examenes médicos forenses, incluyendo qué servicios se proveen y el grado en el que se proporcionan de forma gratuita, entre otras cosas.

Los investigadores encuestaron a proveedores de servicios por asalto sexual locales y estatales, y a administradores de organizaciones que pagan por MFEs que han realizado estudios de casos en seis estados.

El estudio halló que en la gran mayoría del país, las víctimas de violación reciben de hecho MFEs sin cargo y sin tener que reportar qué les sucedió a la policía. 

“En algunos lugares, el sistema funciona aceitado”, dice Janine Zweig, ex becaria senior en el Urban Institute y autora líder del estudio. “En otros, sin embargo, los administradores de los hospitales no saben con qué tipo de situación están lidiando y facturan incorrectamente”. 

Los hospitales que envían facturas a víctimas de violación corrigen rápidamente el error y envían el gasto a una organización designada para pagar estas cuentas, usualmente un fondo de compensación a víctimas, dijo Zweig. 

Sin embargo, los retazos de leyes estatales que legislan lo que incluye un examen médico forense pueden representar problemas financieros más grandes para las víctimas de violación. La ley dice que los examenes deberían incluir una entrevista y la historia del paciente, un examen por trauma físico, incluyendo penetración o el uso de la fuerza, y recolección de evidencia.

La ley no requiere que los estados cubran tests de embarazo o de infecciones de transmisión sexual como parte del MFS, aunque muchos estados lo hacen, halló el estudio. En realidad, son menos propensos a cubrir el tratamiento de esas infecciones, de embarazo o a causa de lesiones sufridas durante la violación.

Además, algunos estados tienen límites a la cantidad que van a pagar por el examen en sí, o para servicios específicos, según el estudio. En esos casos, los hospitales suelen absorber los costos adicionales del examen, dice Zweig. Los pacientes pueden recibir facturas por los servicios médicos que no son parte de la MFE bajo la ley estatal.

La aseguradora de salud de la víctima puede cubrir los costos por cualquier servicio que no haya sido pagado por la agencia estatal designada. Pero las víctimas muchas veces son renuentes a someter reclamos relacionados con una violación, dicen expertos. A menudo temen que sus padres o sus parejas reciban los papeles del seguro, poniendo en peligro su seguridad o sus relaciones.

Un análisis del 2012 halló que 15 estados tienen leyes relacionadas con el uso del seguro médico en caso de violación. La revisión legislativa de AEquitas, una organización que provee entrenamiento y asistencia técnica a fiscales en casos de asalto sexual, encontró que algunos estados requieren que las aseguradoras sean las que reciban las facturas por los costos relacionados con examenes médicos forenses, mientras que otros prohíben a los proveedores facturar a las aseguradoras por estos examenes. 

Y otros caen en algún lugar en medio de estas dos situaciones, por ejemplo permitiendo que la aseguradora de la víctima reciba la factura, pero con su consentimiento. El enfoque de cada estado puede depender de si está preocupado por ahorrar dinero o por proteger la privacidad de la víctima, dicen expertos.

De acuerdo con una lista de preguntas y respuestas sobre el Violence Against Women Act Reauthorization, publicada por el Departamento de Justicia en febrero del 2013, los estados todavía pueden requerir o pedir a la víctima que someta reclamos a su aseguradora. Sin embargo, deben garantizar que las víctimas no tengan copagos o deducibles por esos reclamos.

Un buen centro de crisis de violaciones o un equipo de respuesta a asaltos sexuales pueden a menudo asistir a las víctimas que enfrentan costos médicos que no están cubiertos por el estado como parte de un examen médico forense, 

"Lo más importante es hablar con un grupo de defensa del estado para averiguar lo qué puede estar cubierto y lo qué no", explica Christopher Mallios, abogado consultor de AEquitas.

Kaiser Health News es un programa editorial independiente perteneciente a la Henry J. Kaiser Family Foundation. Es un programa imparcial y sin fines lucrativos que se dedica al estudio y diseminación de información sobre política de salud. Kaiser Health News no está afiliada a Kaiser Permanente.

 

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